¿Porqué mueren los defensores de la tierra y el medio ambiente en Colombia?
Fotos destacadas: Christian Mclaughlin
El 2016 fue el peor año en la historia para los defensores de la tierra y el medio ambiente: al menos 200 personas fueron asesinadas en el mundo, con un promedio de 4 muertes por semana.
Colombia se convirtió en el segundo país más peligroso para los defensores ambientales, solo superado por Brasil: 37 personas fueron asesinadas el año pasado, la peor cifra registrada para el país. 22 de estas muertes se atribuyen a grupos paramilitares.
Esta información hace parte del informe Defender la Tierra, publicado en julio de este año por Global Witness, organización mundial que lleva a cabo campañas contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a ellos. (Ver aquí el informe completo)
Aquí les presentamos uno de los capítulos del informe dedicado a entender por qué siguen muriendo los líderes ambientales en Colombia, incluso después de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.
Colombia: ¿Las ganancias están por encima de la paz?*
Por Global Witness
Jakeline Romero, lideresa Wayúu y activista por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, recibió este mensaje de texto en diciembre de 2016: “No se meta en lo que no le incumbe, evite problemas, sus hijas están muy lindas y piense en ellas, gran malparida perjudicial evite problema porque hasta su madre se la desaparezco para que siga de sapa.”
Jakeline se ha enfrentado a amenazas e intimidaciones luego de denunciar los abusos cometidos por paramilitares y poderosas corporaciones en La Guajira, en la península nororiental de Colombia. Como maestra que viajaba por la región desde los 18 años, se horrorizó por los daños medioambientales causados por la mina de carbón Cerrejón, la cual recibe financiamiento internacional. Ella fue lo suficientemente valiente como para tomar una posición al respecto.
Para la gente Wayúu, nosotros estamos pagando con nuestras vidas. Estamos pagando con nuestra cultura. Estamos pagando con la amenaza de ser eliminados…Simplemente porque defendemos este pequeño pedazo de tierra que solía darnos de comer”. Jakeline Romero
Un día de 2014, quedó claro lo que esto significaría para su familia, cuando su hija adolescente salió de la escuela y recibió una llamada de un número desconocido. Una voz dijo: “Dile a tu familia que se cuide y te cuide, porque te vamos a matar”.
Jakeline es una de las muchas personas líderes indígenas amenazadas en Colombia. Los datos de Global Witness muestran que, en 2016, fue el segundo país más peligroso para las comunidades que defendían sus tierras o el medio ambiente. Un total de 37 activistas perdieron sus vidas el año pasado, una tendencia que continúa en 2017.
A simple vista, parecería extraño que esto esté sucediendo justo ahora. En noviembre de 2016, el gobierno colombiano firmó un histórico acuerdo de paz con el grupo guerrillero armado de las FARC que, formalmente, puso fin a medio siglo de guerra civil. Entonces, ¿por qué la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente va en aumento? La respuesta se reduce a una compleja lucha por la tierra.
Mientras las FARC se desmovilizan, una peligrosa red de milicias y grupos paramilitares forcejean por controlar los territorios que las FARC dejan atrás. Esto les pone en conflicto con las comunidades indígenas y afrocolombianas, que buscan recuperar tierras ancestrales que les fueron arrebatadas durante la guerra civil.
Al mismo tiempo, con la firma del acuerdo de paz, el gobierno está presionando para aumentar la inversión extranjera, que históricamente ha generando más presión sobre las tierras indígenas por parte de los mega proyectos. Durante la guerra civil, las multinacionales detrás de tales proyectos eran frecuentemente acusadas de complicidad con las fuerzas paramilitares culpables de graves violaciones de derechos humanos.
El papel de las multinacionales
El caso de Jakeline y su organización, Fuerza de Mujeres Wayúu, es emblemático de un patrón cada vez más familiar en Colombia. Son personas que tuvieron que plantarse en contra del impacto devastador de extensas minas de carbón sobre sus tierras ya que, según alegan, su construcción fue impuesta a la comunidad sin su consentimiento.
El Cerrejón, propiedad de Glencore, BHP Billiton y AngloAmerican, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, es la mina a cielo abierto más grande de América Latina. Durante las últimas tres décadas, las operaciones para expandir Cerrejón han desplazado a numerosas comunidades indígenas y afrocolombianas y, según los Wayuú, agotan y contaminan los valiosos recursos hídricos de la región, lo que da lugar a severas sequías.
El Cerrejón es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en en departamento de La Guajira (Colombia). / Foto: El Cerrejón
Los Wayúu afirman que nunca fueron debidamente informados o consultados antes de la imposición y expansión de la mina. Los culpables de amenazar a Jakeline y a su familia no han sido llevados ante la justicia. En este contexto, líderes comunitarios como Jakeline, sienten que la protesta es la única manera de ser escuchados y su única oportunidad de obtener justicia.
La crisis se intensificó en 2014 cuando Cerrejón solicitó permisos para desviar parte del río Ranchería, principal fuente de agua y línea de vida de los Wayúu. Como Jakeline alzó la voz contra los planes de la compañía, el acoso y las amenazas aumentaron:
“Nos oponíamos a la desviación del curso del río y pedíamos una consulta significativa para las comunidades Wayúu afectadas. Esto nos hizo más visible como organización y como personas, que es cuando la situación se complicó más para nosotros. Nos sentíamos vigilados, la gente preguntaba ¿Qué están haciendo estas mujeres? ¿Quién coordina las cosas? ¿Quién es esa Jakeline Romero?”
Un fallo reciente del Tribunal Constitucional de Colombia ordenó a la mina reparar los daños ambientales causados a una de las comunidades cercanas. Anteriormente, en declaraciones al periódico The Guardian, Cerrejón negó estar generando desechos tóxicos o sustancias dañinas para la comunidad local, e insistió en que había tomado medidas para asegurar el cumplimiento de la legislación colombiana sobre la calidad del aire. La empresa también condenó las amenazas sufridas por las y los activistas Wayúu en La Guajira, y afirmó estar comprometida con un comportamiento ético ejemplar.
Sin embargo, como las quejas de la comunidad y las amenazas a voceras como Jakeline continúan, pareciera que se requieren medidas más drásticas para poner fin al conflicto. Como dice Jakeline, “La empresa, junto con el estado colombiano, tiene que suspender sus operaciones y hablar seriamente con las comunidades sobre si alguien realmente quiere este proyecto, sobre cómo ellos van a reparar los abusos que se han dado, y sobre cómo nuestra agua y nuestro medioambiente van a ser protegidos. Y máxime si hay compromisos globales en cuanto al cambio climático”.
Sin reconocimiento no hay protección
No son sólo las empresas las que están fallando en proteger a las y los activistas del medio ambiente y de la tierra, sino las mismas autoridades públicas. Se está ejecutando un programa gubernamental para proteger a personas defensoras de derechos humanos en Colombia; pero según la organización no-gubernamental Somos Defensores, el programa carece de recursos y falla al hacer su trabajo.
Jakeline está oficialmente “protegida” bajo ese programa; pero nos dijo que el apoyo ofrecido llegó tarde y fue completamente inadecuado: “A mí me parece que esa falta de protección es una estrategia del Estado. Te amenazan para que te calles”.
Como una mujer y una Wayúu, no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas. Esto no es paz. No hay paz en Colombia mientras que nuestros bienes naturales sean vendidos de esta forma.” Jakeline Romero
Al no proteger a las y los defensores, el gobierno socava su propio impulso a favor de la paz, ya que muchas de estas personas activistas lideran el proceso de reconciliación en sus comunidades. Justamente Emilsen Manyoma, líder de la organización CONPAZ, era una de estas activistas, trabajando para propiciar espacios libres de grupos armados en su comunidad, y hablando en contra de los grupos paramilitares de derecha y el desplazamiento de los lugareños de sus tierras por intereses internacionales mineros y agroindustriales.
Fue asesinada, junto con su marido, el 17 de enero de 2017. Sus cuerpos fueron encontrados con puñaladas y heridas de bala.
Se sospecha que los paramilitares estuvieron detrás de 22 asesinatos en 2016; pero el gobierno se niega a denunciarlos, alegando que desde el final de la guerra los paramilitares ya no existen en Colombia. La policía y las autoridades locales también buscan adjudicar los asesinatos cometidos por las fuerzas paramilitares a “causas locales”.
37 colombianos fueron asesinados en 2016 por proteger sus tierras y su entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Según Global Witness, se atribuyen 22 muertes a grupos paramilitares. / Foto: Rafael Ríos
Desde los niveles más altos del gobierno niegan que los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales sean sistemáticos. En una entrevista con la BBC a principios de este año, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas declaró:
“Lo que no se puede hacer automático es que la pertenencia a una organización social de un ciudadano colombiano asesinado genera automáticamente una vinculación de esa persona con la defensa de los derechos humanos o el liderazgo social, y deja listo el argumento de la sistematicidad.”
El gobierno colombiano debe esforzarse más por reconocer y proteger a las personas defensoras que están en la primera línea del proceso de paz: procesando judicialmente a los responsables de dar la orden y de ejecutar ataques contra las y los defensores, y priorizando la implementación efectiva del programa de protección del país.
También debe ser precavido de no incentivar megaproyectos de inversión extranjera en sectores en riesgo y en regiones históricamente violentas, sin asegurar la protección de derechos humanos. A su vez, las empresas extranjeras y los inversionistas no deben contribuir al aumento del número de muertos, buscando ganancias sobre la paz.
En video – Colombia ¿codicia o paz?
*Este artículo hace parte del informe Defender la Tierra, asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio ambiente. Global Witness (2016)
