Llorar sobre el río derramado
Foto destacada: Mocoa después de la avalancha el pasado 1 de abril de 2017. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Las tragedias no vienen solas. Varios factores hacen crecer un problema sobre nuestra sociedad como si fuera un globo. Lo vemos agrandarse como parte de nuestra cotidianidad o en el peor de los casos, lo ignoramos hasta que explota. ¿Por qué solo la muerte, o la fatalidad, hacen que pongamos los ojos sobre nuestras falencias?
En el caso de Mocoa, la falta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y la deforestación para construcción, provocó la disminución de la capacidad de retención natural de eventos de inundación y favoreció los movimientos en masa. Una tragedia que pudo prevenirse dejó un saldo de 315 muertes, 103 desaparecidos, y más de 2000 personas sin hogar.
Aun cuando existía un plan de ordenamiento territorial (POT) para Mocoa; el cual indicaba el alto riesgo de avenidas torrenciales e inundaciones especialmente para los barrios San Miguel, Modelo, San Antonio y el Progreso; nunca se hizo una actualización del mismo ni se tomaron las respectivas medidas de prevención del riesgo.
Esta es una situación que no solo se presenta en la capital de Putumayo sino en muchos municipios del país, en los cuales los planes de ordenación del territorio son desactualizados, y en donde el crecimiento poblacional y las actividades siguen su marcha, sin los estudios que aprueben dichos asentamientos y en los que se presenta ocupación del territorio en zonas de riesgo por inundaciones, avenidas torrenciales o movimientos en masa. ¿Dónde está el Estado para controlar, prevenir y aplicar medidas de prevención?
El POT debe estar en estricto cumplimiento con los planes de ordenación de cuencas, además de la coordinación con las corporaciones autónomas regionales y las autoridades de planeación municipal. Los permisos otorgados para la ocupación del territorio deben estar soportados con base técnica, ambiental y de gestión del riesgo para garantizar la seguridad de los habitantes. El derecho a la vida está por encima de cualquier acto de irresponsabilidad en el otorgamiento de licencias que no consideran a fondo los riesgos asociados a cada intervención.
Así como en Mocoa, también sucede en las grandes concentraciones urbanas del país como el Valle de Aburrá. Se generan asentamientos en zonas de alto riesgo, no sólo por ocupaciones ilegales sino también legales. Esas nuevas favelas millonarias que sofocan con ladrillo el verde de nuestras montañas.
Queda la duda sobre las regulaciones que hay en el Valle de Aburrá, no sólo en el control de las “invasiones”, sino también con qué facilidad se otorgan licencias a las empresas constructoras en zonas con riesgos asociados en su área de influencia, o sin considerar los daños ocasionados al paisaje y recursos naturales como la desviación de quebradas o a la flora, en donde se acaba cada vez más con los pocos árboles que alimentan pulmones locales.
Se suma a esto el deficiente manejo ambiental para compensar los daños de los suelos, aguas y la flora, combinación de factores que han ocasionado tragedias como la de la Cola del Zorro en Medellín en el año 2012.
No esperemos a que ocurran catástrofes para poner los ojos sobre nuestras problemáticas y falencias. Quizá no las queramos ver mientras no ocurren pero, al final, la naturaleza nos lo demuestra.
